Oaxaca se pone a
la vanguardia al incorporarse a la Gestión
Integral de
Riesgo, señaló el diputado Carlos Ramos Aragón
En Sesión Ordinaria y con 38 votos, el Pleno de la LXII
Legislatura estatal aprobó la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de
Riesgos de Desastres para el Estado de Oaxaca, propuesta por el diputado del
grupo parlamentario del PRI, Carlos Ramos Aragón.
Desde la tribuna, el también presidente de la Comisión
Permanente de Protección Ciudadana, Carlos Ramos Aragón, afirmó que esta nueva
legislación, analizada y dictaminada conjuntamente con la Comisión de
Administración de Justicia, pone a Oaxaca a la vanguardia, al incorporarse a la
Gestión Integral de Riesgos.
Ramos Aragón detalló que esta Ley consta de 7 títulos y
130 artículos. Su propósito es la reducción o la previsión y control permanente
del riesgo de desastre en una sociedad, en consonancia con el logro de pautas
de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial sostenibles.
Explicó que de ahora en adelante, las autoridades en la
materia se ajustarán a los lineamientos establecidos en esta ley, destacando
como prioridad la protección a la vida, la salud y la integridad física de las
personas; la inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en la
prestación del auxilio y entrega de recursos a la población en caso de
emergencia o desastre.
Destacan también el establecimiento y desarrollo de una
cultura de la protección civil, con énfasis en la prevención en la población en
general, así como la legalidad, control, eficacia, racionalidad, equidad,
transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos
públicos.
De igual forma, dijo que se fortalece la integración y
funcionamiento del Consejo Estatal, involucrando la participación concertada de
los sectores público, privado y social. Se cambia de nombre el Instituto
Estatal de Protección Civil, para ser Coordinación Estatal de Protección Civil,
dejando de ser un organismo público descentralizado para transformarse en una dependencia
pública centralizada.
Se establece la obligatoriedad tanto para el Estado como
para los municipios, de contar con un Atlas estatal o municipal de Protección
Civil, herramienta de consulta técnica obligatoria que permitan evitar o
reducir la construcción social del riesgo en los procesos de planeación y
desarrollo urbano. Se crea también el Fondo Estatal de Prevención de Riesgos y
Protección Civil.
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