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La tarde noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 del mismo mes se consumó uno de los peores crímenes contra estudiantes en México.
Estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero fueron atacados en Iguala donde fueron asesinados Daniel Solís Gallardo, Yosivani Guerrero, siendo desollado Julio César Mondragón además de 2 personas que pasaban por el lugar y después un futbolista fue asesinado al confundir el autobús en el que viajaban con el de los normalistas.
La primera reacción de las autoridades fue la de hacer creer que se trataba de un crimen local donde los culpables eran el presidente municipal de Iguala José Luis Abarca Velásquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa ambos vinculados al cartel del narco de los “Guerreros Unidos”.
Durante 10 días se trató de sostener esta versión pero las declaraciones de los sobrevivientes y la presión de la gente en la calles la echaron abajo.
El gobierno federal atrajo el caso y fue la PGR la que entonces dejo correr la versión de que los normalistas estaban infiltrados por el narco a través del cartel de “los rojos” enemigos de los “guerreros unidos”.
La presión en las calles aumentó y traspasó las fronteras además de que el sacerdote Alejandro Solalinde aseguró tener información de un testigo presencial que los normalistas habían sido asesinados por los narcos y quemados en algún lugar de la sierra hasta desparecer todas las huellas.
La confusión creció, la PGR negó tal versión y Solalinde fue corrido por los familiares de los desaparecidos.
Ante la aparición de decenas de fosas clandestinas y la duda sembrada por Solalinde los padres de los desaparecidos pidieron la intervención de un grupo de peritos argentinos para realizar las pruebas de ADN a tanto cadáver encontrado.
Así caía el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero señalado por el propio cartel de “los Beltrán Leyva” de haber financiado su campaña para llegar a la gubernatura.
Las protestas llegan a su punto más álgido hasta que en una manifestación es quemada la puerta de Palacio Nacional y después los manifestantes reprimidos brutalmente por policías federales y granaderos del DF.
La periodista Anabel Hernández documenta en varios números de la revista Proceso la participación del ejercito en la masacre, desde el monitoreo permanente a las actividades políticas de los normalistas hasta un seguimiento puntual por medio de un equipo de vigilancia satelital.
Esto y los señalamientos de la agresión de militares a los sobrevivientes, las amenazas y las torturas daban un giro que ahora apuntaba a todo el aparato del Estado además de investigaciones que la propia PGR había hecho a la familia Pineda Villa con la cual sabían desde el 2009 que eran integrantes del cartel de “guerreros unidos” y una investigación abierta por homicidio en contra de José Luis Abarca cometido una año antes contra un dirigente perredista incomodo.
Para entonces la consigna de que fue el estado sostenida por todo el amplio movimiento nacional e internacional que surgió para coberturar a los padres, madres y familiares de los desaparecidos se daba por hecho.
El gobierno ha intentado cerrar el caso dando como verdad histórica hipótesis de que los 43 normalistas fueron secuestrados por policías municipales infiltrados por el narco y entregados a estos para ser quemados en el basurero de Cocula hasta casi desparecer todo rastro de sus cuerpos pero su versión se cae a pedazos ya que expertos independientes de la UNAM, la UAM y varias universidades más aseguran que esta versión es prácticamente imposible científicamente y aunque se ha identificado entre los restos encontrados el del normalista Alexander Mora Venancio los peritos argentinos afirman que ellos no saben de donde llegaron los restos y además que se les ha impedido realizar su trabajo con libertad.
Ahora la amenaza de represión contra el movimiento es latente y la apuesta al desgaste empieza a funcionar, el ataque mediático contra el movimiento de la cúpula empresarial además de las cúpulas de las iglesias mas grades del país ya son descaradas.
El momento es grave, ya que en un principio grupos, organizaciones, activistas y personas solidarias veían aquí la gran posibilidad de que este movimiento fuera el punto de inicio del gran movimiento nacional que desde el 3 de octubre de 1968 esperamos todos para acabar con este régimen represivo y corrupto.
Pero no fue así y muchos han comenzado a alejarse, retroceden, toman aire y ven para otro lado algunos se radicalizan y quieren que esto ya reviente y en su afán dan elementos al Estado para justificar la represión.
Otros ante la represión se van pero el crimen ahí está, el dolor y la pena no cesan, al contrario aumenta.
Y la pregunta ahora ¿Qué hacemos? Retumba en quienes tienen que continuar ahí buscando a sus hijos desaparecidos.
Esa pregunta queda para todos nosotros, no tenemos la respuesta, si la tuviéramos se la diríamos pero estamos dispuestos ayudar a contestarla juntos.
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Cornelio Merlín Cruz
Corporativo Medios Comunicación
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