Con el fin de concentrar y coordinar de mejor manera los
esfuerzos en la búsqueda y localización de personas desparecidas, así como la
integración de investigaciones y la persecución de los responsables, el senador
oaxaqueño Benjamín Robles Montoya propuso crear una Fiscalía Especializada en Desapariciones.
“A través de una iniciativa, estamos planteando también la
expedición de una ley general en materia de desaparición de personas que regule
lo relacionado a la prevención, investigación y sanción de las desapariciones
en general, sin importar si éstas fueron o no forzadas, así como la búsqueda y
localización de las víctimas y de los probables responsables de estos delitos”,
expuso el también integrante de la Comisión de Justicia.
Robles Montoya explicó que dicha ley además armonizará las
obligaciones de la Federación y las entidades federativas con la Convención
Internacional y homologará los procedimientos y acciones de búsqueda y localización
de las personas no localizadas.
Además, el integrante de la Comisión de Justicia propuso
añadir la desaparición forzada y la tortura como delitos dentro del esquema
acusatorio para la prisión preventiva a fin de tratar dos de los agravios que
más perjudican al país.
“Resulta inconcebible que dos delitos de gran relevancia e
impacto hayan quedado excluidos del catálogo de los que ameritan prisión
preventiva oficiosa: la tortura y la desaparición forzada.”, denunció.
Al justificar su propuesta, Benjamín Robles recordó que el
Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU señaló que la información
aportada por México “ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en
gran parte del territorio del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse
como desapariciones forzadas…”.
Apuntó que la propuesta implica el reconocimiento de la
gravedad del problema de la desaparición de personas en nuestro país y de lo
prioritario que el tema debe ser para el Estado mexicano.
“El problema de las desapariciones en México, ejecutadas o
no por el Estado, requiere de una acción inmediata, firme y cada vez más
efectiva”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos
Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera,
para su análisis y dictaminación.
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