La querella que interpuso Humberto Moreira, ex gobernador de
Coahuila y ex presidente del PRI nacional en contra del periodista y académico
Sergio Aguayo, por declaraciones publicadas en el Periódico Reforma y el Siglo
de Torreón, es un tema sumamente relevante, puesto que la decisión que tomen
los jueces definirá el alcance de la “libertad de expresión” en México.
Para Sergio Aguayo la demanda significa tener que resarcirle
a Moreira con diez millones de pesos un supuesto daño moral a su honorabilidad.
Para la sociedad mexicana este hecho puede sentar un importante precedente
jurídico de represión al juzgar a sus gobernantes.
La simple presentación de esta demanda por parte del
exgobernador Moreira significa un atentado contra la libertad de expresión, pues
como ex servidor público debiese estar consciente de que está bajo el
escrutinio público, le guste a él o no le guste, pues administró recursos
públicos que tienen origen federal y en su gestión la deuda pública del
Coahuila, el estado que gobernó, se disparó súbitamente a montos muy altos.
Que se sustente la demanda en la frase “Moreira es un político
que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso
ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que,
finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”, es una
exageración, pues de ningún modo es una injuria. Es una opinión personal de ese
autor, quien califica su gestión.
Sin embargo, ya hay una segunda demanda por nuevas acusaciones.
Definitivamente estas dos demandas no se dan entre iguales que tengan la
misma capacidad de defensa. Es una agresión desde la cúspide del poder político
y económico del país en contra de un profesional que vive del análisis político
y social, en el ámbito periodístico y académico y por tanto, alguien que está
en posición vulnerable frente a quien le demanda. No hay equilibrio de fuerzas.
La imagen internacional de México como un lugar peligroso
para ejercer el periodismo podría empeorar aún más si un juez inicia un proceso
contra Aguayo.
Además de los riesgos derivados de ejercer el periodismo en ambientes
de violencia y delincuencia, se añadiría la violencia psicológica y la
represión provocada por funcionarios públicos poderosos y políticos, no sólo contra
la prensa, sino también contra opositores políticos, militantes de partidos de
oposición al del funcionario, e incluso ciudadanos con liderazgo de opinión,
quienes tendrían que cuidarse de lo que exponen en redes sociales contra un
gobernante.
En provincia esto podría generar prácticas represivas contra
la prensa por parte de gobernadores y alcaldes, específicamente en contra de
periodistas locales que no tendrían el impacto nacional que ha tenido este
diferendo entre Humberto Moreira y Sergio Aguayo. Periodistas vulnerables por
estar lejos de los reflectores nacionales.
Un “meme” considerado ofensivo por un gobernante podría ser
investigado por la policía cibernética y su autor llevado a tribunales, e
incluso a la cárcel, como sucedió al inicio de la gestión del gobernador de
Veracruz Javier Duarte de Ochoa, quien calificó a la periodista veracruzana
Maruchi Bravo Pagola, así como al ciudadano Gilberto Martínez Vera, de
“acciones subversivas” que crearon psicosis colectiva derivada de la información que subieron a su muro de
Facebook y Twitter, respecto a posibles hechos delictivos que no pudieron
comprobar que hubieran sucedido, el 25 de agosto de 2011.
Ambos fueron apresados y encarcelados en el penal de Pacho
Viejo, en Coatepec y en su momento el gobierno veracruzano amenazaba de que
podrían pasar 30 años en la cárcel. Sin embargo por falta de sustento jurídico en
la demanda del Gobierno del Estado de Veracruz, ambos tuvieron que ser
liberados. Sin embargo, la experiencia durante el tiempo en prisión debe haber
sido traumática y representó un aviso para quienes estaban muy activos en redes
sociales y toda la ciudadanía.
Las consecuencias de que se ejerza acción contra Sergio
Aguayo por estas demandas, pueden ser de alto impacto para el ejercicio de la
libertad de expresión y además, para acrecentar la deteriorada imagen de México
en el exterior respecto a la protección de los derechos humanos, al grado que
se justificaría la intervención por parte de la Secretaría de Gobernación para
evitar que se consume este atropello que sentaría un precedente jurídico que
nos acercaría al totalitarismo.
