La vida humana en México ha perdido valor. Yo pensaba que
esto sólo sucedía en contextos de guerra, como los que cotidianamente nos
describen las televisoras cuando nos narran día a día la invasión rusa sobre
Ucrania. La ONU consigna 3,238 fallecidos en Ucrania a inicios de este mes de
mayo, mientras Karla Quintana, -titular de la Comisión Nacional de Búsqueda-,
estima en 99,000 los mexicanos desaparecidos hasta mayo.
Cada una de estas víctimas connacionales representa una
tragedia familiar. Sin embargo, ya nos acostumbramos a la cotidianeidad de estas
noticias y hasta perdimos la capacidad de asombro.
La frialdad e indiferencia con la que todas las
instituciones del Estado Mexicano enfrentan los dramas humanos, -como lo es la desaparición
de 95 mil personas-, según cifra publicada por el CED de la ONU el 26 de
noviembre del 2021, así como los desplazamientos de familias completas en
varios municipios de Michoacán, -provocados por el crimen organizado-, o los
que suceden en Oaxaca y Chiapas por conflictos comunales, es indignante.
En esta crisis humanitaria que vive México tienen
responsabilidad los tres niveles de gobierno que forman parte del Poder
Ejecutivo, así como el Poder Legislativo y el Judicial.
Si bien en esta crisis humanitaria el crimen organizado
tiene toda la responsabilidad, la cobarde inacción gubernamental es muy vergonzosa.
El alto índice de impunidad habla de un estado impotente frente al crimen
organizado, o peor aún, displicente e irresponsable.
Negarse a imponer la autoridad del Estado Mexican, -por
razones ideológicas y demagogia-, convierte a este gobierno en cómplice
indirecto y responsable de estos dramas humanos. La impunidad estimula el
delito.
Sin embargo, el presidente López Obrador está más preocupado
por lograr la invitación de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las
Américas, que por resolver esta crisis humanitaria que afecta a las familias
mexicanas más vulnerables. El tiempo que él dedicó, -así como muchos funcionarios
de su gobierno-, a promover la consulta de revocación de mandato y la reforma eléctrica,
fue a costa de descuidar esta crisis humanitaria que hoy destruye familias.
Por otra parte, la CNDH ha estado ausente en estos dramas o
podríamos decir, -inexistente-, mientras se violan derechos humanos.
El papá de Debanhi Escobar pone en evidencia la displicencia
del médico forense que intentó desviar la investigación de la muerte de ella
hacia la posibilidad de un accidente, para evitar a la fiscalía de Nuevo León
tener que investigar un posible homicidio. Podría ser que los agentes que la
descubrieron en la cisterna del motel le hayan colocado los tenis para que
parezca un resbalón accidental. ¿Tiene que ser el padre de una víctima quien descubra
la verdad?
¿Y la gente que no tiene dinero para exigir justicia?... seguramente
no tienen acceso a este derecho humano básico.
La rapidez con que las autoridades judiciales meten en la
cárcel a un sospechoso bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, -donde seguramente
podrán presionarlo y chantajearlo para que termine aceptando su culpabilidad,
pudiendo ser inocente-, se ha vuelto cotidiana, aunque la SCJN haya declarado
inconstitucional esta práctica judicial.
Los graves conflictos de la aplicación de justicia en casi
todo el país nos habla de indiferencia frente a crímenes perfectos que
permanecen en la impunidad.
Y qué decir de la FGR. La fiscalía que tiene la responsabilidad
de investigar los delitos de impacto federal se distrae en las venganzas
personales del fiscal Gertz Manero, mientras día a día desaparecen mujeres en
México.
Karla Quintana, -titular de la Comisión Nacional de Búsqueda-,
estima en 24,600 mujeres las ausentes, de las cuales un alto porcentaje son
niñas y adolescentes que han sido reportadas como desaparecidas, generando la
posibilidad de que se trate de delitos de explotación sexual.
Además, se calcula que 21,000 menores de edad son
secuestrados anualmente en México para ofrecerlos en prostitución infantil.
¿Es más importante que el estado ahorre dinero, que salvaguardar
la vida de los mexicanos vulnerables?
Durante estos tres últimos años en el Congreso se han
privilegiado criterios presupuestales, económicos y de combate a la corrupción,
a costa de restar recursos financieros al cuidado de la salud y a otros rubros
prioritarios para alcanzar niveles aceptables de calidad de vida para los mexicanos.
El desabasto de medicinas, así como la reducción de
enfermedades del catálogo del Sector Salud, impactan las oportunidades de
preservar la vida de muchos mexicanos, que no podrán atenderse y cuidar su
salud. Esto confirma el desinterés gubernamental.
El accidente de la línea 12 del Metro el tres de mayo del
2021, -que tuvo 26 víctimas fatales y seguramente cientos de heridos de
diferente nivel de gravedad-, tiene un origen: el ahorro de recursos económicos
por parte de los constructores, lo cual se manifestó en la utilización de materiales
en menor cantidad que la requerida y quizá, de menor calidad, así como la prisa
por inaugurar la obra.
La responsabilidad por la pérdida de estas 26 vidas inicia
en los funcionarios públicos que restringieron los recursos económicos para
construcción, así como en quienes negaron presupuesto para mantenimiento de
esta obra y esta responsabilidad concluye en la de los constructores. Son 26
víctimas de este sistema inhumano de administración pública.
¿Cuándo veremos que el tema humano se convierta en prioridad
nacional para las autoridades judiciales de todos los niveles y perfiles?...
¿Cuándo se privilegiará el problema humano por encima del económico en el
Congreso?
Cuando las “noticias” que hablan de descuartizados, mujeres
desaparecidas, asesinatos, feminicidios, comunidades rurales desplazadas por el
crimen organizado y otras grandes tragedias humanas ya no son noticia, -porque
no logran inquietarnos y nos acostumbramos ya a su cotidianeidad-, estamos
frente a una crisis humanitaria.
Cuando quienes
debiesen protegernos de esta violencia sádica irracional están distraídos
hablando de reformas legislativas, de denuncias penales por pensar diferente y cuando
nos distraen con acusaciones contra los “conservadores” y enemigos imaginarios,
entonces se convierten en corresponsables de esta crisis humanitaria.
Cuando quienes dirigen a la estructura operativa del combate
al delito se dedican a cobrar venganzas y perseguir a sus enemigos personales, entonces
estamos en un grave problema, pues esta violencia nunca se solucionará y
entonces corremos el riesgo de que quizá hasta un día nos alcance.
Lo más grave es que como sociedad perdimos la capacidad de
asombro y vemos como cotidiano lo que en otros países es inusual, mientras
nuestros gobernantes voltean hacia otro lado para distraernos con sus
nimiedades y frivolidades políticas.
No se puede resolver lo que no se reconoce como problema.
¿A dónde nos llevará esta crisis humanitaria?
EL SELLO DE LA CASA
Para este gobierno quienes no se doblegan a sus caprichos,
se convierten en adversarios a quienes se les debe vencer en el ámbito
jurídico.
La actitud de la jefa de gobierno de la Ciudad de México
frente al dictamen de la empresa sueca DNV, -a la que alabó de forma desmedida
cuando le encomendó hacer el peritaje sobre el accidente de la Línea 12 del
Metro-, muestra el sello de la casa.
En lugar de asumir las conclusiones y castigar a los culpables,
-aunque sean sus amigos-, ahora pretende demandarla penalmente por realizar la
investigación que ella le encomendó como cliente. Incongruencia y autoritarismo
es el sello de la casa. Es como ir al médico y cuando este nos da el
diagnóstico solicitado, -si este es adverso-, le demandamos.
Escándalo internacional en puerta que exhibirá a quienes nos
gobiernan.
¿A usted qué le parece?
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Fotografía del perfil de R. Homs: es de David Ross
