A CABALLO DADO… SÍ LE VEN COLMILLO
Entre los beneficios obtenidos, durante el periodo 2013 al 2020, el gobierno estatal entregó a los 108 cautelados y sus familias un total de 20 mil 392 despensas, cada una, con productos calculados para suministrar alimentos hasta para cinco personas mensualmente.
Adicionalmente, se otorgaron dotaciones complementarias en una segunda despensa que incluía además de abarrotes, productos de aseo personal y dinero en efectivo para pago de tortillas, tanques de gas y agua embotellada.
Las despensas se repartían no solo para las y los beneficiarios en la capital, sino que también se hacían llegar a las personas “cauteladas” que habían decidido regresar voluntariamente a sus comunidades de origen como Juxtlahuaca, y posteriormente a quienes firmaron convenios para comprar terrenos y reubicarse en Huajuapan de León, Zaachila, Santa Cruz Xoxocotlán, entre otras.
De manera que en el actual sexenio de Alejandro Murat Hinojosa se contabilizaron hasta el 2020, otras 4 mil 800 dotaciones adicionales para este grupo.
A partir de la llegada de Murat y hasta el 2020, se habían asignado mensualmente a través de los líderes apoyos económicos (cheques nominales) por un monto total 12 millones 139 mil 297 pesos para adquirir alimentos e insumos complementarios o adicionales.
Lo anterior ante las quejas, rechazo y hasta la confrontación de los liderazgos con los servidores públicos encargados de entregarlas, pues priorizaban ciertas marcas en vez de los productos, “sino las contenían las rechazaban”. De acuerdo con testimoniales registrados en informes de la época, muchas de las despensas se acumulaban “sin sentido”.
Para las 60 personas y sus familias representadas por Braulio Hernández Hernández se destinaron durante 3 años del gobierno de Gabino Cué, mil 617 despensas. Mientras que, en el actual sexenio, recibieron 8 mil 952 despensas, así como 3 millones 414 mil 546 pesos para la adquisición de alimentos e insumos complementarios, hasta el año 2020.
Al grupo de Reyna Martínez integrado por 24 personas -del 2013 al 2016- se le otorgaron 796 despensas a través del programa de asistencia alimentaria. En el sexenio actual fueron entregadas mil 440 despensas complementarias. Así como 3 millones 661 mil 223 pesos hasta 2019, adicionales para insumos, incluyendo materiales para el taller de carpintería.
LORENA MERINO EXIGE ENTREGA DE 40 LOTES
Del grupo de 7 personas cauteladas y sus familias, esto es unas 40 personas en promedio, representadas por Lorena Martínez Merino o Lorena Merino Martínez, del 2013 al 2016, solamente aceptaron a 231 despensas.
De acuerdo con la documentación que dio seguimiento a las medidas cautelares se informó que de las 41 dotaciones alimenticias que se repartían a través de Merino Martínez únicamente 4 se entregaban en una casa-albergue, tres más para beneficiarios radicados en Juxtlahuaca y el resto se resguardan cada mes, debido a su rechazo sistemático para recibirlas, argumentando que se encuentra en desacuerdo con el contenido. Por ello, del 2017 al 2020 -fecha del reporte- se tenían bajo resguardo mil 920 despensas.
El mismo documento, destacó que Lorena Merino privó de su libertad a dos trabajadoras del gobierno cuando acudieron a realizar la primera entrega de despensas al albergue habitado por el grupo que representa, y aunque fueron liberadas horas después por elementos de la policía estatal, se interpuso la denuncia correspondiente iniciándose la carpeta de investigación 3990/DF/ZC/2017.
En cuanto al apoyo económico para la adquisición de despensas complementarias se ha negado a recibirlo, luego de manifestar que lo hará hasta que se le otorguen 40 lotes de terrenos para “personas que la respaldan” que no son desplazadas ni beneficiarias de las medidas cautelares.
Por lo que “este monto que no recibió Lorena es del cheque complementario para otros insumos además de las despensas (un monto aproximado de 2 millones 276 mil pesos) se encuentran resguardados por el gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría General de Gobierno”.
María Juana Santiago, quien era integrante del grupo de Merino, aceptó recibir además de las despensas, el apoyo económico complementario por un monto de un millón 552 mil 872 pesos, del 2017 al 2019, de acuerdo con registros oficiales.
En cuanto a las medidas de alimentación otorgadas al grupo de 12 personas cauteladas representadas por Jesús Martínez Flores, quien se decía presidente del municipio autónomo de San Juan Copala y Fausto Merino Merced, recibieron en el gobierno de Gabino Cué, 396 despensas y durante el sexenio actual 240 despensas y adicionalmente un millón 234 mil 656 pesos para comprar alimentos complementarios e insumos personales.
BARRIL SIN FONDO BOLSILLOS DE LAS Y LOS DIRIGENTES, RECIBEN MÁS DINERO Y PROPIEDADES
Con el ánimo de concluir las demandas adoptadas por la CIDH, con el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda se realizó una propuesta de construcción de un fraccionamiento para las 42 familias inscritas en un nuevo censo en 2018, en inmediaciones de Santa Cruz Xoxocotlán con una inversión de un millón 123 mil 610 pesos.
El proceso de construcción fue detenido al poco tiempo, por las autoridades municipales y agrarias, luego de cancelar los permisos debido a que los vecinos manifestaron su inconformidad al considerar que “los tiquis” son personas violentas y conflictivas.
Se intentó trasladar el mismo proyecto a otra zona en el mismo municipio, sin embargo, los esfuerzos fracasaron bajo los mismos argumentos.
El Estado Mexicano acordó en 2018 a propuesta del grupo mayoritario de beneficiarios de Braulio Hernández (quienes nunca estuvieron en el Palacio de Gobierno y no instalaron puestos de venta) que para resolver de forma duradera y definitiva la situación que dio origen a las medidas cautelares de las y los “desplazados” debía de proporcionar apoyos para la construcción o mejoramiento de viviendas a todos, después de realizar un nuevo censo.
Por ello finalmente se acordó la entrega de 240 mil pesos para cada una de las familias, cantidad destinada para la construcción, ampliación o mejoramiento de una vivienda para cada una de las personas beneficiadas, aportados en partes iguales por los gobiernos federal y estatal.
De esta forma, en diciembre de 2020, se hicieron entrega de los recursos, donde los beneficiarios firmaron el levantamiento de la medida cautelar, aceptando esta última intervención como solución duradera para concluir el proceso de “desplazamiento”.
De hecho, de acuerdo con los principios rectores de la ONU, en materia de desplazamiento, los “cautelados”, dejaron de ser “desplazados” a partir de que recibieron un lugar donde reubicarse: casas y terrenos entregados desde el 2015.
A pesar de las acciones descritas, solamente 12 personas encabezadas por Reyna Martínez, Sergia Cepeda, así como Jesús Martínez y Fausto Merino Merced -quien además de tener una vivienda propia cuenta con una concesión de taxi- rechazaron la entrega de una casa porque prefieren seguir vendiendo en los corredores de Palacio de Gobierno, y de acuerdo con el testimonio de otros cautelados “creen que pueden obtener más apoyos si se quedan”.
Tanto Reyna Martínez como Sergia Cepeda, ahora también han comenzado a “asesorar” a otras organizaciones para “seguir saqueando las arcas públicas”, e intenten la misma ruta del chantaje so pretexto de tener “conflictos”.
Y es que, a los liderazgos de los cuatro grupos, a lo largo de 11 años les hicieron entrega de vehículos para facilitar sus traslados, incluyendo un monto de 16 millones 500 mil pesos por concepto de ayuda humanitaria (150 mil pesos a cada uno de los 110 beneficiarios a través de sus representantes), el pago de servicios funerarios por un monto de un millón 362 mil pesos.
CLAN DE REINA MARTÍNEZ LE DIERON HASTA PARA INVERNADERO Y REGISTRO DE MARCA
A estos gastos se suma la gestión a través de la Secretaría de Turismo para la obtención de un manual de identidad corporativa y el registro de marca “Huipil Rojo” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que cambio de nombre al de Reyna Flores, dirigente del grupo.
