Se está pretendiendo medir con el mismo rasero el plagio de la tesis de licenciatura de Xóchitl Gálvez, con el de la ministra Yasmín Esquivel.
Sin embargo, hay temas éticos que tienen agravantes. El
punto de partida desde la óptica moral es evidente: un plagio es un plagio.
Sin embargo, este punto de partida podemos equipararlo con
los estudios que evidencian que un alto porcentaje de los mexicanos que están
encarcelados han sido privados de su libertad por un robo que no rebasa los
tres mil pesos, mientras los pillos de Segalmex desaparecieron casi 15 mil
millones de pesos y los funcionarios de alto nivel de esa paraestatal aún siguen
libres, sin estar sujetos a investigación y protegidos por el gobierno federal.
¿Hay diferencias? … ¡Por supuesto que sí!
Moralmente un robo… es un robo. El acto es el mismo. Sin
embargo, el monto de lo robado agrava el hecho. Prácticamente hay muchas diferencias.
Quien roba tres mil pesos no puede pagar a un buen abogado
para tener un juicio justo y por ello termina olvidado en la cárcel sin tener
sentencia durante mucho tiempo. Sin embargo, los que roban mucho hasta
protección política tienen.
De igual forma no es lo mismo la exigencia moral para una
ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, -quien juzga asuntos que
impactan la libertad de ciudadanos y además tiene la responsabilidad de tutelar
la correcta interpretación del espíritu de la Constitución-, y por otra, la
exigencia moral para quien aspira a un cargo de elección popular.
No es lo mismo siete párrafos de un total de 77 páginas,
-más los que se acumulen-, que un alto porcentaje de similitudes entre la tesis
de la ministra Esquivel y la tesis publicada un año antes, según ha declarado
el comité de la UNAM que tuvo la encomienda de realizar este análisis. Además,
que sea reincidente en la ejecución del plagio tiene gran significado.
Su trabajo de titulación para su doctorado, -varios años
después, en 2009-, ya con una sólida trayectoria profesional en el ámbito
judicial, reprodujo ilícitamente 209 de las 456 páginas de su documento final.
Tampoco es equivalente entre ambos casos que el grado
académico de la licenciatura sea
requisito fundamental para ser ministro de la SCJN, mientras para ser
presidente de la república no hay exigencia académica.
Xóchitl podría devolver a la UNAM su título universitario y
continuar con su pretensión de convertirse en candidata a la presidencia de la
república, mientras que si la ministra Yasmín Esquivel lo hiciera, tendría que
renunciar a su cargo en la SCJN.
Sin embargo, la gran diferencia entre ambos casos es la
actitud de las dos mencionadas en este artículo, frente a la acusación de
plagio.
Mientras la ministra Esquivel ha tenido emplazada jurídicamente
a la UNAM para que no haga público su dictamen, -aprovechando la influencia que
le da su cargo en la SCJN-, Xóchitl ha declarado públicamente a través de la
plataforma “X”, (antes Twitter), “si la falta de referencias en el dos o tres
por ciento del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión
de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme”.
La calidad moral de las personas se hace explícita en su
conducta precisamente cuando enfrenta problemas.
Por ello podemos concluir que parece igual pero no lo es.
CRISIS POLICIACA
¿De quién es la responsabilidad de las violaciones de
derechos humanos realizadas por policías de todo el país?
Continuamente vemos en los noticieros de televisión video
grabaciones compartidas por testigos ciudadanos, que exhiben a agentes
policiacos municipales y estatales aplicando violencia y rudeza innecesaria en
la detención de simples sospechosos que están en posición vulnerable. Las policías hoy generan desconfianza.
La falta de profesionalización de los cuerpos policiacos,
-así como la ausencia de protocolos operativos-, permiten la improvisación que
generalmente estimula la corrupción y el abuso del poder. A su vez, esto es
responsabilidad de gobernadores y alcaldes y en mayor parte del gobierno
federal.
EXPLOSIÓN MIGRANTE
Una grave crisis humanitaria se está viviendo con el
fenómeno migrante en nuestro territorio. Sin embargo, las denuncias de
corrupción en el Instituto Nacional de Migración, son ignoradas y toleradas
desde el gobierno federal. Esto genera condiciones de alto riesgo que podrían provocar
gran daño a los mismos migrantes, a muchos mexicanos y a la imagen internacional
de México.
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