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Este gobierno no se ha dado cuenta de la bomba de tiempo que
ha sembrado en nuestro país al estimular con su demagogia, -sustentada en la
trasnochada “lucha de clases”-, una base social que protege al crimen
organizado y convierte en “carne de cañón” al “pueblo bueno”.
La lucha de clases que promueven los ideólogos de la 4T, -y
el resentimiento implícito en las arengas ideologizantes y apología del
conflicto-, la está capitalizando la delincuencia organizada para protegerse y
obtener impunidad.
Esa base social que se nutre del “pueblo bueno” al que se
refiere el presidente, se está convirtiendo en su escudo para expulsar a la
Guardia Nacional y al Ejército de las comunidades rurales donde viven sus
líderes, dando un significado de reivindicación social al movimiento de rechazo
en contra de las autoridades policiacas y militares.
Si a esto añadimos que los cárteles practican relaciones
públicas con sus comunidades, obsequiando despensas, juguetes y dinero, -además
de patrocinar obra pública para solucionar los olvidos de los tres niveles de
gobierno-, empezaríamos a entender la gravedad de la irresponsable narrativa que
juega con los sentimientos profundos de quienes siempre han estado marginados.
Además, esta narrativa de conflicto sustentada en la “lucha
de clases”, -que de lunes a viernes se promueve en las mañaneras-, implícita y explícitamente,
justifica el rencor, el conflicto y la reivindicación social que este gobierno
pretende capitalizar, -a partir de la entrega de los libros que reciben los
maestros-, donde se interpreta a la lucha armada de los grupos guerrilleros de
los años sesenta y setenta, como un ícono aspiracional de rebeldía y justicia…
pero sustentada en la violencia.
En el contexto de hoy quien hoy se rebela violentamente en
contra del sistema político y social, se convierte en héroe de los desposeídos.
Si además toma actitudes generosas obsequiando despensas, entonces se convierte
en la nueva versión de Robin Hood, que roba a los ricos para regalarlo a los
pobres, sin que los beneficiarios de esta campaña se den cuenta de que lo que se
recibe obsequiado por el crimen organizado, es lo que ha sido robado a través
de extorsiones, cobro de derecho de piso y acciones violentas, en contra de
quienes viven en el pueblo de enfrente.
Está por iniciarse en corto tiempo la temporada electoral y la
tradicional demagogia electorera, que seguramente sustentará su narrativa en
los agravios de anteriores gobiernos, que olvidaron a la población vulnerable y
no la incluyeron en el desarrollo.
Es urgente generar conciencia de que, -de utilizarse esta
narrativa en el contexto electorero-, podría estimularse exponencialmente la
violencia, -justificada ideológicamente por los rencores y resabios de
injusticias pasadas-, lo cual fortalecerá la base social de los grupos
delincuenciales.
No olvidemos que el pueblo admira el estilo de vida
ostentoso y de lujos de la delincuencia, -y por tanto-, le protege. Evitar la
utilización de esta narrativa se convierte en un verdadero asunto de seguridad
nacional.
Recordando la clásica teoría de la sociología social
sustentada en los estudios del doctor Philip Zimbardo denominada “las ventanas
rotas”, -realizada en 1969 para la Universidad de Stanford-, podemos dar una
explicación a los riesgos de hoy.
Se abandonó un auto en el Bronx, -que es una zona de Nueva
York que en esa época estaba dominada por la delincuencia-, y poco tardó éste en
ser desvalijado. La otra parte del estudio consistió en dejar otro auto idéntico
en una calle solitaria de la ciudad de Palo Alto, California, donde vivían
familias muy ricas. Este auto fue respetado durante varios días, -hasta que
como parte del estudio-, intencionalmente se le destrozó una ventana. Poco
después, -aún en ese barrio de ricos-, el auto también fue desvalijado.
Las conclusiones de este estudio son que cuando surge una
oportunidad, -aún la gente que no necesita robar o delinquir-, aprovecha las
circunstancias y abusa, llegando incluso a cometer actos delictivos.
Este ejemplo, -llevado a nuestra realidad cotidiana nacional
actual-, podemos interpretarla así.
Hasta el año 2018 la pérdida del control territorial por
parte del Estado Mexicano se circunscribía a la Tierra Caliente, que es la zona
donde confluyen Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Era el equivalente al Bronx mexicano del
estudio de Zimbardo.
Aún en estos años previos a la llegada de la 4T, -aunque
había violencia y delincuencia-, existía un valor social y político
fundamental: el respeto a la autoridad gubernamental. Por lo menos el orden
social no se había perdido totalmente, aunque hubiesen hechos aislados.
Sin embargo, en este gobierno la inacción en el ámbito de la
seguridad pública, -ya sea por desidia o desinterés, o intencionalmente
provocada-, llegó a extremos de impacto aún insospechado.
Lo que vino a representar el momento significativo del estudio
de Zimbardo en que se rompió la ventana del auto ubicado en la zona
privilegiada de Palo Alto, California, ha sido el rompimiento del respeto mutuo
que tradicionalmente se tenían, -antes de este gobierno-, el Poder Ejecutivo y
el Poder Judicial. Como hemos visto últimamente, el presidente López Obrador ha
tachado de corruptos a los miembros de la SCJN y a todo el Poder Judicial,
señalando a los jueces de estar al servicio de la oligarquía y de la
delincuencia de “cuello blanco”.
Dañar la reputación y quitarle autoridad moral al Poder
Judicial, significa desactivar al “Estado de Derecho” y destrozar la autoridad
moral de la ley. “No me vengan con que la ley es la ley” ha dicho
reiteradamente el presidente, convirtiéndose según él en “paladín de la
justicia”, aunque esto signifique romper con el “Estado de Derecho”.
A partir de que el presidente rompió con el Poder Judicial, se
ha derribado el muro de contención que protegía a la sociedad frente a la
delincuencia. Esta nueva narrativa presidencial está dando a grupos sociales
inconformes la libertad de ignorar la ley y considerar que delinquir es un acto de
justicia social.
En este contexto de “ventanas rotas”, es esperable el incremento
de hechos delictivos y conductas violentas, así como un crecimiento exponencial
de la base social que protege a la delincuencia organizada.
¿HUMANISMO MEXICANO?
El humanismo mexicano es una burla para los más de 100 mil
desaparecidos en México, sin que exista una estrategia verdadera para descubrir
su paradero.
El humanismo mexicano no debe convertirse en una narrativa
demagógica, sino que debe derivar en acciones concretas que privilegien una
actitud gubernamental solidaria con las víctimas de la violencia y con sus
familias, con las madres buscadoras, con los afectados por problemas de salud y
con todos los que viven dramas humanos.
¿ALGUNA EMBAJADA PARA DEL MAZO?
Durante el último informe del gobernador priísta Alfredo Del
Mazo, la presencia del presidente López Obrador y de Delfina Gómez no pasaron
desapercibidas.
La zalamería de Del Mazo para con el presidente López
Obrador y con Claudia Sheinbaum, pone en evidencia que entregó como obsequio a
la 4T, al estado más importante de México, por el tamaño de su padrón electoral.
Una entidad que siempre fue priísta y que podía haberse defendido
electoralmente. Sin embargo, se perdió frente al desinterés y falta de
compromiso del gobernador Del Mazo.
Hubo muchos apapachos para la 4T, -e incluso-, para la nueva
gobernadora Delfina Gómez, pero ninguna mención al partido que lo llevó a la
gubernatura, el PRI. Bien podría el gobernador Del Mazo haber disimulado.
Los elogios y reconocimientos del presidente López Obrador
para con Del Mazo y con Peña Nieto, -durante la ceremonia de toma de posesión
de la gobernadora Delfina Gómez-, pone en evidencia el contubernio de ambos
priístas, uno para entregar la entidad federativa que gobernaba y el otro el
país, seguramente a cambio de impunidad
¿Cuál será la
embajada que le espera a Del Mazo como compensación por la traición a su
partido?
LA LEY MAGNITSKY
El abogado mexicano Eddie Varón Levy, -quien por su
trayectoria jurídica internacional actualmente es comisionado de derechos
humanos de la Barra Americana de Abogados-, ha destacado la preocupación de ese
gremio en Estados Unidos por el constante acoso del presidente López Obrador en
contra de los ministros de la SCJN y los jueces, así como contra todo el Poder
Judicial.
Ha manifestado Varón Levy que en el ámbito jurídico de ese
país, -así como en el legislativo-, ha estado cobrando fuerza la posibilidad de
que a los funcionarios del gobierno mexicano que participen de esta campaña en
contra del Poder Judicial les apliquen la Ley Magnitsky, la cual restringe las
visas para visitar Estados Unidos, congela cuentas y activos que utilicen la
red bancaria o financiera de ese país.
Esta es una ley creada en 2012 por Estados Unidos, -pero de
aplicación global-, para castigar a
funcionarios de gobiernos extranjeros por violaciones de derechos humanos en otros
países.
Se creó con motivo de las agresiones, encarcelamiento y
asesinato del abogado Sergei Magnitski,
crítico del gobierno ruso. Varios funcionarios de ese país fueron los primeros a
los que se les aplicó.
Sin embargo, se hizo extensiva esta ley a servidores
públicos de otros países como Nicaragua, Cuba y El Salvador, que tuvieron
conductas violatorias de derechos humanos.
Según dice Eddie Varón, el acoso puede derivar en acciones jurídicas
que vulneren los derechos fundamentales de jueces, magistrados y miembros del
Poder Judicial, -así como en violencia emocional-, y esto preocupa a los
juristas y legisladores norteamericanos
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Fotografía
del perfil de R. Homs: es de David Ross
