El presidente López Obrador exhibió en su mañanera del miércoles 04 de octubre a varios jueces por sentencias que podrían ser cuestionables, según la información expuesta por él.
La intención del presidente, -en el contexto actual-, puede
interpretarse como la intención de desprestigiar al Poder Judicial para
someterlo a su voluntad y a sus intereses
Debemos reconocer que la inacción del Consejo de la
Judicatura Federal frente a las impugnaciones presidenciales debilita su imagen
ante la sociedad.
El temor a la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el
Poder Judicial representa un peligro que puede romper, -tanto el orden social-,
como el político. Esto puede interpretarse como una actitud responsable por
parte de la Judicatura, -y desde esa perspectiva-, ha sido elogiable. Sin
embargo, esa es una lectura de visión muy corta.
No debemos perder de vista el sentir de nuestro pueblo. Las
clases vulnerables de este país traen arrastrando una larga historia de
agravios por parte de “las autoridades judiciales”. El ciudadano común no
distingue la diferencia entre un juez federal, -que depende del Consejo de la
Judicatura, que es parte del Poder Judicial-, o de un juez local, o un
ministerio público que depende de las fiscalías, -ya sea estatal o la de la
república-, o policías, que a su vez pueden ser estatales o municipales.
También se debe decir que muchas sentencias absolutorias se
derivan de expedientes mal integrados por las fiscalías, que muchas veces no sustentan
fehacientemente las acusaciones en contra de los indiciados por algún delito, -lo
cual es responsabilidad de quien acusa-, pues los jueces deben resolver sus
sentencias con base en la información recibida de parte de las fiscalías.
Sin embargo, la inacción y el silencio de la Judicatura
Federal permite la construcción de narrativas que capitalizan el resentimiento
popular a favor del intento del presidente de modificar, -desde el Congreso de
la Unión-, la estructura del Poder Judicial para tomar control de él, teniendo
la complicidad de la bancada de MORENA, que actúa como “oficialía de partes” de
las instrucciones que llegan desde Palacio Nacional.
La iniciativa de extinción de 13 de los 14 fideicomisos del
Poder Judicial de la Federación, -al cual pertenecen la Judicatura y la SCJN-,
por parte de la bancada de MORENA, representa un acoso sistemático para
doblegar a este poder autónomo, a fin de que se alinee con los deseos del
presidente López Obrador.
Incluso la narrativa presidencial, -capitalizando el
resentimiento colectivo y los agravios ancestrales-, desgasta ante la
percepción pública el respeto que debe sentir el ciudadano por la ley como
garante de la justicia, y esto, dinamita al Estado de Derecho.
Es urgente que el Consejo de la Judicatura Federal sea
proactiva y asuma la responsabilidad de evaluar la actuación moral de sus
jueces y sancionar a quienes se les descubran conductas constitutivas de
corrupción o delitos. De este modo, la autocensura dará un mensaje a la
sociedad mexicana de moralidad y ética.
Cuando los cambios vienen por propia convicción, -desde
dentro de las instituciones, y tienen la capacidad castigar conductas ilícitas
de sus integrantes-, las instituciones se engrandecen y se blindan a sí mismas.
Por ello el silencio actual no sólo muestra debilidad
institucional y una actitud defensiva, sino que convierten al Poder Judicial,
-de forma integral-, en cómplice de la conducta de sus miembros más
cuestionables.
Que el Poder Judicial requiere reformas es incuestionable,
pero que estas partan de propuestas y acciones que surjan de la misma institución,
es fundamental para rescatar el respeto que antes sentía el mexicano frente a
la autoridad, lo cual es evidente que día con día se va perdiendo.
Defender la autonomía del Poder Judicial de la Federación es
urgente y necesario, pero no puede ser un “cheque en blanco”, pues el Consejo
de la Judicatura Federal debe hacer su parte de forma proactiva, y no mantener
una actitud reactiva.
MÉXICO… EXPORTADOR DE VIOLENCIA
En los tiempos de los gobiernos neoliberales México se
convirtió en un importante exportador de autopartes automotrices, autopartes
para la industria aeronáutica, y de muchos productos más que construyeron la
economía fuerte que hasta hoy tiene México.
Sin embargo, -durante este gobierno-, tristemente vemos que México
se está convirtiendo también en un exportador de violencia.
Esto destruye la honorabilidad de nuestro país construida en
muchas décadas, -y seguramente-, tendrá consecuencias para los mexicanos.
Hace veinte años los colombianos que viajaban al exterior
estaban sometidos a tratos humillantes en el área de migración de los
aeropuertos de muchos países, incluidos los de México. Aún recordamos la frase
peyorativa que no hace mucho tiempo se utilizaba en nuestro país para describir
el incremento del narcotráfico: “la colombianización de México”.
Hoy los colombianos con mucho esfuerzo, -y sus gobiernos con
actitud responsable-, han erradicado este estigma que los perseguía. ¿Ahora
seremos los mexicanos quienes al viajar al exterior tengamos trato humillante,
generando desconfianza?
La pregunta que flota en el ambiente es: ¿por qué nuestro
gobierno no ha tomado las riendas de este grave problema generador de violencia
y permite que varias zonas de este país estén totalmente controladas por la
delincuencia organizada?
¿Será una estrategia electoral mandar un mensaje de
impunidad a cambio de apoyo a MORENA durante las elecciones del 2024?
¿A usted qué le parece?
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Fotografía
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