La reforma judicial impulsada por el presidente de la
república, -y por su candidata-, se sustenta en la capitalización de los profundos
agravios que mueven a la sociedad mexicana en contra de nuestro sistema de
impartición de justicia.
Sin embargo, lo que no logra entender la ciudadanía es que
la reforma judicial que promueve la 4T lo único que busca es tomar control del
Poder Judicial y someterlo a sus condiciones, convirtiéndose así, -el titular
del Poder Ejecutivo-, en el poder supremo en el país.
Sin embargo, en el Poder Judicial aún no han descubierto la
trampa comunicacional en que hoy están metidos.
La realidad es que los peores agravios relacionados con la
justicia no los cometen los miembros de Poder Judicial, -o sea jueces,
magistrados, ministros-, sino los policías de los tres niveles de gobierno,
-municipal, estatal y federal-, que pertenecen al Poder Ejecutivo, así como los
ministerios públicos que dependen de las fiscalías estatales y los de la Fiscalía
General de la República.
Sin embargo, el ciudadano, -por desconocimiento-, engloba
sus agravios en un todo que integra el Poder Judicial. Es urgente entender que
las percepciones públicas, -aunque partan de ideas erróneas o equivocadas-, son
las que moldean la actitud de la mente colectiva y los fenómenos de opinión
pública que guían las grandes decisiones de nuestro país.
El Poder Judicial debiese deslindarse de los agravios cometidos
por otras autoridades en contra de la ciudadanía. De los abusos de policías, de los agentes ministeriales,
-a los que el pueblo simplemente denomina “los judiciales”-, así como de los agentes
del ministerio público, que es el primer contacto del ciudadano con los
impartidores de justicia.
Es esta confusión la que genera la animadversión ciudadana en
contra del auténtico Poder Judicial.
La verdadera corrupción, -y los abusos en contra de los
derechos humanos-, están diseminados en todos los ámbitos donde se da el primer
contacto con el ciudadano.
En contraste, el Poder Judicial es el garante de la justicia
sustentada en nuestra Constitución.
Para salir de esta trampa es urgente una campaña de
divulgación que explique a la ciudadanía, -en los medios masivos de
comunicación-, qué conforma realmente el Poder Judicial y deslindarse de todos
los actores dedicados a la seguridad pública que forman parte del Poder
Ejecutivo y de los organismos autónomos, como son las fiscalías.
Esta campaña debe utilizar palabras sencillas, -entendibles
para todos los niveles educativos y culturales-, y no sustentarse en conceptos
jurídicos.
Además, -en forma paralela-, fortalecer la acción
fiscalizadora y punitiva del Consejo de la Judicatura Federal, para castigar
directamente a los malos funcionarios públicos, antes de que sea el presidente
de la república, -o los participantes de las campañas electorales-, quienes
señalen a los jueces y magistrados que actúen al margen de la ética, la
justicia y la constitucionalidad.
Es necesario que la ciudadanía reconozca que el Poder
Judicial es confiable y es la más importante garantía de justicia. Sólo así se
logrará preservar su independencia.
ATENTADO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA COLONIA ROMA
Un juez de control inició un proceso judicial en contra de
dos vecinos de la Colonia Roma por haber denunciado a través de la plataforma
“X”, -antes Twitter-, a la constructora de nombre Consorcio Hamburgo por continuar
con la construcción de un edificio en la calle Oaxaca 33, según ellos, de forma
irregular.
Por haberlos denunciado públicamente esta desarrolladora
denunció penalmente a estos vecinos, - y tanto el ministerio público como un
juez-, han dado curso a la demanda a favor de Consorcio Hamburgo.
Sin embargo, esta obra ya tiene antecedentes de suspensiones
por parte de la alcaldía Cuauhtémoc y procedimientos
iniciados desde tiempo atrás.
Este caso es un precedente inadmisible que impone candados a
la libertad de expresión y al derecho de los ciudadanos a manifestar sus
inconformidades.
EL POLACO
El caso del polaco Filip Roger Zalewsky ha abierto
nuevamente la cloaca que rodea a la forma de operar del Instituto Nacional de
Migración en los aeropuertos del país, transgrediendo todas las garantías a los
derechos humanos.
Fue retenido ilegalmente durante 22 meses en la estación
migratoria del aeropuerto de Cancún sin que hubiese la instrucción de un juez, -teniendo
su documentación migratoria en regla-, pues es un empresario con residencia
definitiva en México.
Debemos recordar todas las violaciones a las garantías que han
sido denunciadas por familias de turistas que llegaron a México cumpliendo todas
las disposiciones migratorias y terminaron retenidos por el INM y extraditados
sin comprobarse delitos.
El polaco Zalewsky estuvo a punto de morir de dengue por la
insalubridad de la “celda” donde lo retuvieron, y donde las condiciones
alimenticias fueron miserables.
Salvó la vida por la intervención de la CNDH, -a petición de
su abogado-, para que fuese ingresado a un hospital.
Independientemente de su situación jurídica, -derivada de
algún asunto pendiente con el gobierno de su país-, las condiciones de su
detención y reclusión en una estación migratoria insalubre y sin condiciones
mínimas de hospedaje, -mas la actuación de las autoridades judiciales mexicanas
que intervinieron-, amerita una investigación exhaustiva para corregir estas
anomalías que representan la imagen de México en el extranjero.
¿A usted qué le parece?
Facebook:
@Ricardo.Homs1
“X”, (Twitter): @homsricardo
Linkedin: Ricardo Homs
www.ricardohoms.com
Fotografía
del perfil de R. Homs: es de David Ross
