Partiendo del inequívoco reconocimiento de que es
inaceptable la violación de la inmunidad diplomática de nuestra embajada en
Ecuador, -pues este acto infringe los acuerdos de la Convención de Viena-, este
conflicto amerita una profunda reflexión sobre la política exterior de la 4T, que
sigue las instrucciones personales y precisas de nuestro presidente de la
república.
Primeramente, recordar que este no es un incidente aislado. Nuestro
presidente ha confrontado a la
presidenta Dina Boluarte, de Perú, -e intervenido directamente en la vida
democrática de ese país-, cuestionando agresivamente el proceder del Congreso peruano,
que destituyó al presidente Pedro Castillo, -así como a las autoridades
peruanas que lo encarcelaron-, después de que éste mandatario pretendiese dar
un autogolpe de estado , el 07 de diciembre del 2022, disolviendo al Congreso,
que lo acusaba de corrupción.
Además, nuestro presidente también está metido en una
confrontación directa con el presidente de Argentina Javier Milei, a partir de
que López Obrador deslegitimara su triunfo electoral. Podremos no estar de
acuerdo con las políticas sociales y económicas de Milei, pero es su atribución
plantearlas a partir de haber ganado la elección prometiendo al electorado lo
que hoy promueve como titular del Poder Ejecutivo.
Respecto a Ecuador, López Obrador intervino en las
elecciones apoyando a la candidata Luisa González, del partido Revolución
Ciudadana, -al que pertenece su amigo, el expresidente Rafael Correa-, hoy
exiliado en Bélgica para evadir una condena de prisión de ocho años, por
corrupción.
Los argumentos del gobierno de Ecuador, en boca de su
canciller Gabriela Sommerfeld, -respecto al caso Jorge Glas-, se resumen en que
la pretensión de México de dar asilo político a Glas no corresponde a las circuunstancias
de un perseguido político, sino a un exfuncionario sentenciado por corrupción que
se escondió en la embajada de México para no ser detenido y evadir su condena.
Por tanto, lo que realizó nuestra embajada en Quito por instrucciones del
presidente López Obrador fue “obstrucción de la justicia” de otro país libre y
soberano, para proteger a un “funcionario amigo”.
En un video donde se describe una conferencia de prensa, la
canciller ecuatoriana explica todos los intentos realizados previamente por el
gobierno de su país para explicar al gobierno mexicano la situación jurídica del
expresidente acusado y juzgado por corrupción, y la cerrazón de este gobierno
de la 4T para negociar.
Para nosotros como mexicanos es importante definir el perfil
de los asilados políticos que deben recibir la protección del Estado Mexicano.
México se ha destacado por dar asilo a ciudadanos extranjeros
en riesgo en su país, en función de sus ideas políticas e ideológicas, como
sucedió con muchos chilenos después del golpe de estado perpetrado el 11 de
septiembre de 1973 por el general Augusto Pinochet. Sabiéndose de la represión
brutal que hubo en contra de los seguidores del presidente Salvador Allende, -que
fueron torturados y asesinados en los cuarteles militares-, fue que nuestro
país ofreció asilo.
De la misma forma se actuó con ciudadanos argentinos en
riesgo a partir del golpe militar perpetrado también el 24 de marzo de 1976 en
contra de la presidenta María Estela Martínez de Perón por un grupo de
militares que impuso como presidente al general Jorge Rafael Videla.
Antes México ya había dado asilo a los ciudadanos brasileños
cercanos al presidente Joao Goulart, derrocado el primero de abril de 1964 por
las fuerzas armadas. De gran significación fue el asilo que se dio a miles de familias
españolas durante la guerra civil iniciada por el general Francisco Franco en
1936.
Sin embargo, el asilo político lo determina el riesgo que se
deriva de cuestiones ideológicas y persecuciones políticas. Muy diferente es el
funcionario perseguido y juzgado por corrupción y delitos del “fuero federal”,
como es el caso de los asilados por este gobierno de la 4T.
En un excelente reportaje de investigación publicado por el
periódico El Sol de México, -a partir de datos obtenidos de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, titulado “Acoge la 4T a 80 prófugos políticos”-, da
cuenta de que este gobierno ha dado asilo a funcionarios cercanos al
expresidente de Ecuador Rafael Correa, -entre ellos a Jorge Glas-, apresado en
la Embajada de México en Quito, así como a los colaboradores de Evo Morales,
expresidente de Bolivia y a los damnificados del gobierno del presidente Pedro
Castillo de Perú.
El caso de Jorge Glas es significativo, pues el presidente
López Obrador al dar asilo obstaculizó un procedimiento judicial del gobierno
ecuatoriano que en diciembre del 2017 lo sentenció a ocho años de prisión por haber
participado de los sobornos recibidos de parte de la constructora brasileña
Odebrecht, por un monto de 35 millones de dólares, para favorecer el
otorgamiento de contratos.
Sin embargo, después de cuatro años obtuvo su libertad
condicional, pero al ser citado a comparecer por otra acusación, decidió
evadirse de la justicia de su país y se refugió en la embajada mexicana, y pidió
asilo político.
Este es el momento como ciudadanos pedir cuentas a este
gobierno de la 4T respecto al abuso en las relaciones internacionales.
Ahora el riesgo es que “como anillo al dedo” este conflicto
con Ecuador ayude al presidente a generar un movimiento patriotero, -muy
emocional-, que le permita liderar en época electoral un fenómeno de cohesión bajo
el argumento heroico.
La exigencia del gobierno de México para que Ecuador sea
expulsado de la ONU muestra el interés de prolongar el conflicto.
De entrada, el presidente López Obrador ya empezó a recibir el
apoyo de muchos países que con toda razón reprueban el proceder ilegal del
gobierno ecuatoriano.
El gobierno ecuatoriano debiese haber optado por otras
acciones para obligar al gobierno obradorista a respetar su derecho a ejercer
acciones jurídicas, sin tener interferencia mexicana, antes que invadir la
embajada.
No debemos olvidar que el candidato Villavicencio, -asesinado
durante la pasada campaña electoral de Ecuador-, reprochó en un video, -que hoy
circula en redes sociales-, al presidente López Obrador su actitud
intervencionista.
Ni qué decir de los reclamos del presidente López Obrador hacia
el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, entre
otros muchos sucesos que han caracterizado a nuestra política exterior durante
estos últimos años.
México ha sido un país respetado en todo el mundo por su
actitud equilibrada y humanista frente a los grandes acontecimientos de la
historia y ha ejercido un importante liderazgo de opinión.
Sin embargo, México hoy significa conflicto. Es importante rescatar
la esencia de la diplomacia mexicana.
SEGURIDAD A MEDIAS
Los candidatos que son protegidos por la Guardia Nacional han
dado la voz de alarma respecto a que por la noche son abandonados por sus
protectores, quienes a falta de viáticos para pernoctar cerca de los candidatos
a quienes deben cuidar, acostumbran a regresar a sus cuarteles para descansar,
dejándolos desprotegidos y en posición vulnerable.
Es evidente que quienes pretendan atacar a un candidato descubrirán
pronto estos horarios donde sus víctimas están desprotegidas.
FONDO DE PENSIONESPARA EL BIENESTAR
La falta de claridad respecto al origen de los recursos con
que se pagarán las pensiones que garantizan una jubilación digna para los
asalariados mexicanos, -iniciativa propuesta por la bancada de MORENA en la
Cámara de Diputados-, pone en evidencia que todo está construido sobre la base
de suposiciones y buenas intenciones.
Después de escuchar entrevistas realizadas a expertos en el
ámbito de las finanzas públicas, queda claro que esta iniciativa de reforma
liderada por el diputado Ignacio Mier y por la diputada Angélica Cisneros Luján
plantea números que no tienen sustento, -no sólo en el largo plazo-, sino tampoco
en el mediano.
Un proyecto de este tipo debe tener el respaldo de un estudio
de viabilidad, cuyo resultado asegure que
esté garantizada la sustentabilidad
financiera que permita cumplir con sus compromisos a largo plazo. Sin embargo,
MORENA tiene prisa por aprobarlo.
Queda evidente que esta iniciativa lleva una motivación electoral.
Total… si no se cumplen estos compromisos, en “México no pasa nada” más allá de unos cuantos “memes”.
LA ESPERANZA
El tramo de la Esperanza, Estado de Puebla, -que es parte de
la autopista que conecta a la Ciudad de Puebla con Orizaba, Veracruz-, desde hace
varios años se ha considerado muy peligroso pues cuando baja la neblina una
gavilla de delincuentes cierran esa vialidad para asaltar por igual a
transportistas que a automovilistas.
Sin embargo, el miércoles 03 de abril pasado fue asaltado el
vehículo en que viajaba el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes, y dos
sacerdotes más, junto con otros automóviles y tractocamiones.
Desde hace muchos años es conocido el modus operandi de
estos delincuentes y sin embargo las autoridades no han hecho ningún operativo
para detenerlos aun sabiéndose que son moradores de esa zona. ¿Habrá
contubernio entre autoridades y delincuentes?
¿A usted qué le parece?
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