CDMX, 13 de mayo de 2024.- México tiene a un delincuente en Presidencia, que constantemente viola la ley y manipula a la gente con acciones y declaraciones que faltan al Estado de Derecho y al marco legal del país.
El Consejo Empresarial
Mexicano establece que durante su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador
ha violado constantemente la ley, especialmente en el ámbito político,
electoral y judicial.
Lo anterior
lo ha hecho mediante un doloso manejo de su influencia hacia los otros poderes,
en especial al legislativo, al sojuzgar de forma absoluta a los legisladores de
Movimiento de Regeneración Nacional, del Partido Verde y del Partido del Trabajo,
lo que terminó siendo un evidente sometimiento de un poder hacia otro.
El organismo
empresarial considera que un claro ejemplo de estas violaciones de la Presidencia
al Estado de Derecho, es el reciente caso de acción legal en contra de María Amparo
Casar, analista política y presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad.
Este tipo
de determinaciones o declaraciones por parte de la Presidencia de la República,
generalmente tienen una “segunda intención”, por encima de la argumentada, de
carácter político, electoral o incluso personal, por lo cual diversos actos de
presión del mandatario le fueron rechazados cuando pasaron por el escrutinio de
la ley.
El Consejo Empresarial
Mexicano afirma que, sin duda alguna, el presente sexenio pasará a la historia
moderna del país, como el que presentó un mayor número de disposiciones o
propuestas presidenciales que estaban en su origen fuera del marco de la ley.
Debido a lo
anterior, el organismo presidido por Juan Carlos Pérez Góngora, tiene la
certeza de que el próximo gobierno de México debe tener como claro objetivo, el
permanecer siempre dentro del marco del Estado de derecho.
Para
lograrlo, será vital una intensa actuación de la sociedad civil a través de todas
las organizaciones que la representen, mediante una acuciosa revisión de las propuestas
y determinaciones de los tres poderes, y puntualmente actuar legal o
judicialmente en contra de las autoridades que violen el Estado de Derecho en
México en beneficio de intereses particulares o grupales.
