Los mexicanos hemos generado el mito de que septiembre es el mes de los terremotos, con base en los dos eventos catastróficos que han cimbrado a la Ciudad de México. Sin embargo, estas dos funestas casualidades de la naturaleza no son previsibles. Sin embargo, el terremoto político que impactará a México el próximo mes de septiembre ha sido planeado con exactitud y será catastrófico y de dimensiones insospechadas.
Será el acto de despedida del presidente López Obrador. Si
creíamos haberlo visto todo, la reforma judicial que él está impulsando para
septiembre, -y su propuesta de desaparición de organismos autónomos-, tendrían
un impacto destructivo descomunal: México dejaría de ser el país democrático
que es hasta hoy.
Los medios para lograrlo son variados.
EXTORSIÓN LEGISLATIVA
La forma en que MORENA está manejando el tema de la posible
reforma al Poder Judicial es a través de la intimidación y chantaje.
Por ello, para meter presión ha lanzado una oferta: los
ministros de la SCJN que renuncien voluntariamente antes del 31 de agosto
próximo, se les respetará su jubilación y en contraste, -a quienes sean
destituidos en las fechas que se deriven por la instrumentación de esta reforma-,
se irán sin ninguna retribución, no obstante que se les está retirando del
cargo anticipadamente y en contra de su voluntad.
¿Quién va a confiar en una negociación y promesas de
legisladores que no respetan a sus adversarios?
La actitud soberbia con que hasta hoy denigran al Poder Judicial les
presenta ante la ciudadanía como poco confiables.
Un grave peligro que trae consigo que el Poder Ejecutivo
controle al Poder Judicial, -como pretende la reforma constitucional que
impulsarán Morena y sus aliados en la legislatura que está por iniciar-, significa
consolidar aún más la politización de la impartición de justicia.
En un país donde la clase política se ha beneficiado del
ejercicio de los cargos públicos; unos funcionarios tomando más, -de forma rapaz
y desvergonzada- y otros menos, -actuando de forma discreta. Sin embargo, todos
se vuelven vulnerables jurídicamente, pues la ley anticorrupción se aplica
cuando hay grandes cantidades de dinero de por medio, pero también por montos
pequeños cuando se quiere doblegar judicialmente a alguien.
Cooptando al Poder Judicial como pretende esta reforma
constitucional morenista, el Poder Ejecutivo incrementa su poder de forma
absoluta. No habrá contrapesos.
Recordemos que el fin del absolutismo, -como modelo de
gobierno-, que es el que hoy vemos nacer en nuestro país, fue el origen de la
Revolución Francesa, aunque tardó mucho tiempo en ser erradicado de Europa.
El eje de la reforma judicial impulsada por el presidente
López Obrador, no es el mejoramiento de la justicia, sino una lucha por lograr el
poder absoluto
Como muestra de la utilización del recurso judicial para
controlar políticamente recordemos cuando el Conhacyt , -dirigido por María
Elena Álvarez Buylla-, acusó en 2021 a 31 científicos de delincuencia
organizada, sin ningún sustento, reinterpretando prerrogativas a las que tenían
derecho, como un abuso equiparable a corrupción.
En un país donde no se respeta la presunción de inocencia,
-que es un principio universal del derecho-, y cualquier acusado se convierte
en culpable mientras no demuestre su propia inocencia, veremos que el manejo
político de la justicia destrozará las libertades individuales. Más aún cuando
desde el Poder Ejecutivo y las fiscalías se pretende mantener la “prisión
preventiva oficiosa” sin que se requiera justificación para aplicarla, lo cual
hoy está sucediendo.
El impacto del control de la justicia desde el poder
político en un país donde la sociedad, la política y hasta la justicia se
mueven a partir de argumentos pragmáticos regidos por los procedimientos, -y no
por los valores morales y la ética, que debiesen ser el corazón de la impartición
de justicia-, los riesgos de totalitarismo y abuso son inminentes.
El chantaje y la extorsión desde el poder político sobre los
adversarios, -e incluso sobre los ciudadanos-, estará legitimada por esta
reforma judicial, donde jueces, magistrados y ministros no serán funcionarios con
carrera judicial sustentada en una vocación justiciera, sino “ciudadanos en
búsqueda de una chamba altamente productiva”.
MÁS CLARO IMPOSIBLE
La entrevista que le hizo Adela Micha a Diego Valadez aclara
con mucha precisión la inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación
legislativa que pretenden MORENA y sus aliados a partir de la repartición de
plurinominales.
Primeramente, el artículo 54 obliga a los partidos, -para
acceder a esta prerrogativa-, haber postulado un mínimo de 200 candidatos de
mayoría relativa en el mismo número de distritos uninominales a lo largo de
nuestro territorio. Sin embargo, ni MORENA, PT, ni PV alcanzaron esa cifra
individualmente.
Cabe decir que tampoco la alcanzaron ni PAN, PRI ni PRD.
Esta meta sólo la alcanzó MC que realizó su campaña sin formar parte de ninguna
coalición.
MORENA, PT y PV sólo cumplieron con este requisito como
coalición. Por ello es inconstitucional que pretendan recibir como partido, -cada
uno de ellos-, lo que sólo pudieron cumplir como coalición.
Además, ellos se registraron al inicio de campaña en el INE
como coalición.
Esto deja muy claro que la cantidad de plurinominales que
pretenden recibir como partido es totalmente ilegal. Si el requisito lo
cubrieron como coalición, entonces deben recibir las pluris que les
corresponden calculadas como coalición y no como partido.
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