El segundo piso de la 4T no iniciará a partir de cero, sino con una lista de pendientes que el presidente López Obrador está heredando a su sucesora.
Primeramente, está el tema económico del que tanto se ufana
el presidente López Obrador, acreditándose para su gobierno grandes logros, -como
lo son las actuales reservas del Banco de México-, que suman más de 220 mil millones
de dólares.
En realidad, se están endosando al nuevo gobierno compromisos
económicos que detonarán en el futuro, pues hasta hoy los datos han estado
maquillados y otros han sido ocultados en una gran política de opacidad.
Seguramente esta opacidad explica la aversión que el presidente López Obrador
siente por el INAI.
Muestra de esto es el tema del Fondo de Pensiones para el Retiro,
-que si ya era un problema financiero antes de las nuevas disposiciones y
reformas-, ahora serán impagables, puesto que no está garantizado el origen de
los recursos futuros para cumplir estos compromisos.
A partir del primero de mayo de este año, -en que el
presidente firmó el decreto que garantiza las pensiones para el retiro al 100
por ciento-, y se publicó en el DOF, se pasó de la demagogia de las buenas
intenciones y las promesas alegres, a un compromiso jurídico del gobierno
federal para con los mexicanos.
Ni qué decir de un PEMEX quebrado que ya no aporta recursos
al país como lo hizo en el pasado, sino que lo obliga a asumir compromisos
financieros cuantiosos y con poca posibilidad de un buen futuro, en un mundo
que rechaza las energías fósiles y se mueve hacia las energías limpias y
renovables. Son los paradigmas ideológicos los que soportan el apoyo
gubernamental a PEMEX y no los análisis de factibilidad financiera y de
mercado.
Sin embargo, el pendiente urgente y más sensible para los
mexicanos es el tema de la seguridad cotidiana.
El asunto relativo a los grandes capos del narcotráfico ya
sabemos que el gobierno norteamericano lo tiene como prioridad y no lo soltará
a pesar de lo que pueda decir el gobierno de México. La reciente captura del
Mayo y el Chapito lo confirman.
Sin embargo, la violencia doméstica ejercida sobre la
población por cárteles locales es lo que más lastima a la sociedad mexicana y
donde la insensibilidad del actual gobierno frente a las tragedias, es
vergonzosa e indigna.
Una FGR ausente, que deja un gran vacío en el combate al
crimen organizado. Su ineficiencia es tal que ni siquiera puede sustentar
conforme a derecho las acusaciones contra los delincuentes, y por tanto, pone a
las autoridades del Poder Judicial en posición comprometida, que incluso a
veces culmina con la liberación de los acusados por falta de pruebas
contundentes.
Además, una Guardia Civil decorativa, que simplemente hace
acto de presencia, pero no resuelve conflictos.
¿Y el Ejército?... está
ocupado en actividades que no son de su incumbencia, como la construcción de
obra pública, administración de aeropuertos, ferrocarriles, complejos
turísticos y otros encargos más. Ésto contraviene al Artículo 129 de nuestra
Constitución, que dice “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede
ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina
militar”.
Evidentemente este artículo constitucional, -referente al
concepto “tiempos de paz”-, alude a la circunstancia de que México no esté en
conflicto bélico con algún país extranjero. Sin embargo, al interior del país hoy
existe un conflicto militar con grupos de la delincuencia organizada que tienen
armamento bélico que rebasa en peligrosidad al utilizado por las autoridades
civiles.
Hoy el “pueblo” se ha convertido en víctima constante de
grupos de la delincuencia organizada que cobran “derecho de piso” y recaudan
sus supuestas deudas violentamente, llegando no sólo a la agresión física, sino
al homicidio, secuestros, desapariciones de personas, reclutamiento forzado de
jóvenes por parte de estos grupos criminales, los desplazamientos forzados de
poblaciones enteras, los ataques armados sobre poblados y muchas otras
agresiones sobre la ciudadanía, que ponen en evidencia la existencia de
regiones donde gobierna el crimen organizado y las autoridades legítimas son
incapaces de poner orden.
Si los grupos delincuenciales han crecido durante este
sexenio que finaliza, -poniendo en riesgo la “seguridad nacional”-, es por una
actitud indolente, omisa e irresponsable de quienes debiesen combatir la
inseguridad.
Este es el pendiente más grande que deja a su sucesor el
gobierno del presidente López Obrador.
La reunión que tuvo el presidente con el próximo secretario
de seguridad pública federal, Omar García Harfuch, seguramente fue para darle
recomendaciones o instrucciones, lo cual pareciera ser un indicador del
reconocimiento de la peligrosidad del legado que está dejando a la presidenta
Sheinbaum.
EL INE Y VENEZUELA
Corina Machado, -quien lidera a la oposición venezolana-,
solicitó al Instituto Nacional Electoral de México, revisar y calificar las
actas de las elecciones presidenciales de Venezuela. Evidentemente el
presidente López Obrador se niega a que México participe directamente en este
conflicto con este tipo de servicios, pues de verificarse el fraude que
organizó Nicolás Maduro, la presión internacional le exigirá dejar el poder al
candidato ganador, Edmundo González. Sin
embargo, Maduro es un fiel amigo de la 4T.
Esta simple petición debiese representar un orgullo para
México, pues es el reconocimiento de que nuestro país a lo largo de los años de
neoliberalismo construyó una institución sólida y fuerte para garantizar
nuestra democracia. Por ello será un reto futuro defender su independencia de
los intentos de control que puedan seguir existiendo desde el Poder Ejecutivo.
SIMPLE SIMULACIÓN
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces
de Distrito, JUFED, anunció que considera hacer un paro de labores por la
simulación que resultaron ser los “Diálogos Nacionales sobre la Reforma
Judicial”.
Si a esto añadimos la declaración del diputado Ignacio Mier,
respecto a que la Reforma Judicial se hizo necesaria a partir de que se impidió
la ratificación del ministro Arturo Zaldívar en la presidencia de la SCJN por
otro periodo más, queda claro que esta pretendida reforma se fraguó como una
venganza. Pone en evidencia que esta reforma no es mas que eso… una represalia
contra un poder incómodo.
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