LA JUDICIALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES

 


La judicialización de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc no es un tema que sólo compete a la Ciudad de México, sino a todo el país, porque sentará peligrosos precedentes que impactarán en el futuro las campañas electorales en todo México. Estamos viendo cómo la 4T lleva ante los tribunales a las campañas que no logra ganar en las urnas.

La anulación de la elección de la alcaldía Cuauhtémoc marca la fecha significativa de los nuevos tiempos de avasallamiento político a las autoridades electorales, a favor del partido en el poder, MORENA.

En una acción sin precedentes el Tribunal Electoral de la Ciudad de México invalidó la elección de la alcaldía Cuauhtémoc y revocó la constancia otorgada a Alessandra Rojo de la Vega, quien compitió por la alianza PAN-PRI-PRD.

Este proceso define los nuevos tiempos políticos. La elección en esa alcaldía fue competida por dos mujeres, Caty Monreal por la coalición de MORENA y aliados y Alessandra Rojo de la Vega por PRI, PAN y PRD.

Ante la derrota de Caty Monreal, MORENA exigió recuento de votos, lo cual se le concedió, pero esto no logró cambiar el resultado. Luego lo intentaron denunciando rebase del tope de gastos de campaña y tampoco lo logaron.

De repente como último recurso surgió la acusación de “violencia política de género” ejercida por Rojo de la Vega en contra de Caty Monreal.

¿Cómo puede haber violencia política de género por declaraciones vertidas durante una campaña donde las dos contendientes son mujeres?

Ésto sienta un precedente muy peligroso para las próximas elecciones, cuando compita una candidata del género femenino, contra uno del masculino. El hombre siempre estará en posición vulnerable frente a su contrincante, pues cualquier declaración de éste, -incluso en los debates-, podrá ser calificada como violencia política de género. Ésto cambia radicalmente la equidad en la competencia electoral, pues pone al varón en una posición de indefensión absoluta.

 A Rojo de la Vega el Tribunal Electoral de la Ciudad México le acusa de utilizar calificativos denigrantes, -y además-, minimizar la experiencia política de su contrincante reduciéndola a los apoyos familiares.

Además, MORENA denuncia violencia psicológica ejercida por Rojo de la Vega contra la candidata Monreal.

Definitivamente toda esta argumentación es subjetiva y no sería digna de tomarse en cuenta si el Tribunal Electoral de la Ciudad de México no estuviese presidido de forma interina por un funcionario cooptado por MORENA, que ejerció su voto de calidad para lograr el desempate durante la votación donde se emitió el veredicto final que invalidó la elección.

Rojo de la Vega cuestionó, -desde que iniciaron las impugnaciones por parte del equipo morenista-, la cercanía del presidente interino del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, -Armando Ambriz Hernández-, -por cierto… zacatecano-, como amigo y compadre de Ricardo Monreal.

Muy grave que a partir de las subjetividades implícitas en el concepto “violencia de género”, se pueda anular una elección.

Además, genera un antecedente que rompe la equidad en las futuras campañas electorales para cualquier candidato varón. Bastará que una candidata compitiendo con un hombre apele a este argumento, -que se convertirá en dogma y tabú-, para que las autoridades electorales, -convertidas en inquisición-, le descalifiquen.

No olvidemos que la “victimización” es toda una cultura dentro de la 4T, promovida desde hace muchos años por quien hoy es el inquilino del Palacio Nacional.

También llama la atención la frivolización con que la 4T reduce a la lucha feminista, manipulando sus argumentos judiciales para cancelar esa elección recurriendo a la reivindicación de género. Este es un movimiento social de reivindicación de derechos, -auténtico y profundo-, al que muchas mujeres han dedicado su vida y no debe permitirse que éste se convierta en rehén de ambiciones políticas.

Minimizar el impacto de este atraco en contra de la democracia puede tener implicaciones futuras en un contexto donde se corre el riesgo de que, a partir de la reforma, el Poder Judicial Federal pudiese quedar atrapado dentro de las ambiciones políticas de la 4T.

Es urgente impedir que se consume este duro y demoledor golpe a la democracia en el país. Las elecciones se definen en las urnas y no en los tribunales.

GOLPE A LA EQUIDAD DEMOCRÁTICA

Los dados estuvieron cargados en el reparto de las diputaciones y senadurías plurinominales, pues la interpretación de la ley la realizaron el INE  y el Tribunal Electoral de la Federación “a modo”, para beneficiar a MORENA y sus aliados, -o sea al Partido Verde y al Partido del Trabajo-, y así lograr como coalición la sobrerrepresentación legislativa que los convierte en una supermayoría que podrá tomar decisiones legislativas sin tomar en cuenta a los partidos de oposición.

En estricto sentido, el partido que tendría derecho a mayor número de diputaciones y senadurías por haber sido el único instituto político que de modo independiente cumplió el requisito básico que define la legislación electoral, -de haber competido con más de 200 candidatos en la última elección-, fue Movimiento Ciudadano, MC, que además, obtuvo en las urnas un número mucho mayor de votos que el Partido Verde y el PT, lo que le da derecho a más curules.

En contraste MC recibió un número mucho menor de diputaciones y senadurías que esos dos partidos “satélites” de MORENA.

Además, MORENA y sus satélites se registraron como coalición al inicio de la campaña presidencial, pero a la hora del reparto de plurinominales exigieron de modo individual, -como partido-, por lo que les tocaron más a cada uno, que los que recibió MC.

Este fue un fraude técnico a favor de la coalición morenista para poder manipular ambas cámaras, con la complicidad del INE y el Tribunal Electoral.

LA GRAN MENTIRA

Se sigue mintiendo al pueblo de México haciéndole creer que con la reforma al Poder Judicial Federal el acceso a la justicia “de verdad” será inmediato y los abusos se terminarán. No se le explica al “pueblo” que la impartición de justicia para el ciudadano la aplican los tribunales locales, donde están los jueces que dependen de la estructura estatal.

 Que además, en la “justicia cotidiana” intervienen también las fiscalías de los estados, de donde dependen los ministerios públicos y los agentes ministeriales, y en este proceso es donde más se abusa de los derechos humanos. 

La reforma judicial va a dejar todas las injusticias tal y como están hasta hoy, pues la reforma sólo abarca al poder judicial federal, donde se revisan los asuntos que realmente limitan al presidente de la república y a su gobierno.

La pretendida reforma judicial de la 4T capitaliza los agravios ciudadanos derivados de abusos e injusticias, lo cual el ciudadano percibe como un todo, sin entender los diferentes ámbitos donde se imparte justicia.

Sin embargo, por una parte hay engaño porque se promete una justicia que no alcanzará a cubrir esta reforma, pero también ha habido ineptitud estratégica por parte del Poder Judicial y de los partidos de oposición, que no han sabido deslindarse de las instituciones donde se cometen los agravios e injusticias en contra de los ciudadanos.

Es en el ámbito de las instituciones locales de justicia es donde hay mayores oportunidades de corrupción y de contubernio con la delincuencia.  

EL REY DE LOS JUICIOS POLÍTICOS

El diputado y representante de MORENA ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, pretende resolver todos los diferendos políticos amenazando a los adversarios y opositores de la 4T con someterlos a juicios políticos. Recientemente amenazó a los dos jueces federales que emitieron recursos para detener la reforma judicial, así como al consejero del INE, Martín Faz, por votar en contra de su partido en el proceso de distribución de cargos plurinominales en el Congreso, así como en contra de la consejera del INE Claudia Zavala.

Parece ser que no entiende que la pluralidad es la esencia de la democracia y quienes no comparten las ideas de la 4T, -y se enfrentan a su proyecto de gobierno-, están en todo su derecho de hacerlo y más aún si ejercen un cargo público que les faculta para ejercer su criterio personal.

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