Imagine usted que alguien con cáncer maligno va con el oncólogo en busca de un tratamiento drástico de terapia intensiva para salvar su vida. Está esperando que se le programe una cirugía para extirparle el tumor maligno y posteriormente le den un programa muy agresivo de sesiones de quimioterapia.
En contraste, recibe de su médico un tratamiento preventivo
para neutralizar las causas que pudiesen haber sido origen del cáncer. Le cambia
sus hábitos alimenticios y le programa una rutina de ejercicios físicos, así
como una vida ordenada, dejar de fumar y bajar el consumo de bebidas
alcohólicas. El médico le explica al paciente que el objetivo debe ser atender
las causas.
Este burdo ejemplo refleja la esencia de la estrategia de
seguridad pública presentada por la presidenta Sheinbaum y el secretario García
Harfuch. Esta estrategia evade la responsabilidad del Estado Mexicano de
garantizar la seguridad de los ciudadanos utilizando los recursos policiales legítimos
que se deben instrumentar para enfrentar la violencia y a quienes la generan.
Este programa de seguridad, -presentado por la nueva
presidenta-, representa la continuidad de la fallida estrategia “abrazos …no
balazos”, que identificó al sexenio de López Obrador.
Poner en el centro de la estrategia el combatir las causas
que originan la delincuencia y la violencia es sin duda muy importante, pero insuficiente
para estabilizar a un país en llamas.
Para garantizar la seguridad se requiere de una estrategia de
respuesta inmediata, que equivale en el ejemplo médico a una terapia intensiva
para la estabilización del enfermo. Sólo después de haber resuelto la
emergencia será válido atacar las causas con visión preventiva.
El presidente López Obrador sin medir consecuencias prefirió
comprometerse con su discurso populista de “abrazos no balazos”, -para proyectar
una identidad personal humanitaria-, sin importarle en lo más mínimo que eso
permitiese que siguieran aumentando las cifras de asesinados y desaparecidos. No le importó que su retórica significase
poner en riesgo la vida de muchos miles de mexicanos.
La amargura, tristeza y desesperación de las madres que
buscan a sus hijos y maridos desaparecidos, -y que fueron ignoradas por López
Obrador-, da un testimonio de esta actitud deshumana.
Todo parece indicar que la estrategia instrumentada por la
presidenta Sheinbaum y por García Harfuch en el gobierno de la Ciudad de México
dio buen resultado. Ello generó en
muchos sectores sociales de nuestro país la expectativa de ver instrumentado en
este sexenio, -a nivel nacional-, un modelo y un estilo diferente para enfrentar
a la delincuencia, similar al aplicado en la Ciudad de México.
Las expectativas que tiene un amplio sector de la población,
-reconociendo la capacidad policial de García Harfuch-, son muy altas. Sin
embargo, las restricciones ideológicas y políticas que se derivan de la 4T pueden
constituir un freno que comprometerá la eficiencia y efectividad de su trabajo.
En el actual discurso de la presidenta parece haber una
incongruencia al anunciar abiertamente la continuidad de la estrategia
obradorista de funestos resultados, que se contrapone con los logros que como
jefa de gobierno le reconocimos en materia de seguridad.
Es entendible que no es lo mismo la responsabilidad de dar
resultados en una ciudad, -aunque sea tan grande, poblada y compleja como lo es
la capital del país-, donde se dan respuestas locales a esta problemática, -en
busca de resultados-, que las exigencias para quien gobierna todo México.
En este nuevo contexto para la presidenta intervienen
condiciones regionales, así como consideraciones políticas y sociales, además
de la intervención de otros países preocupados por la inseguridad en nuestro
territorio. A esto añadamos la muy probable exigencia de López Obrador de dar continuidad
a su proyecto ideológico, afectando la política de seguridad pública.
A muchos nos cuesta trabajo creer que la experiencia,
conocimientos y valores patrióticos de los altos mandos de las Fuerzas Armadas,
-obtenidos en una formación académica en el Heroico Colegio Militar-, mas toda una
compleja infraestructura institucional con que cuentan, -tanto humana como tecnológica-,
no sea suficiente para enfrentar a una delincuencia organizada que ha aprendido
improvisadamente, sobre la base del ensayo y error.
Además, los recursos tecnológicos de los sistemas de “inteligencia
militar” con los que cuenta el país hace impensable que los militares no logren
tomar control total de la seguridad en todo nuestro territorio. Lo único que queda
como posibilidad es que quien fuera su comandante supremo, -o sea el presidente
López Obrador-, por alguna razón ideológica, política o de cualquier tipo, no
les haya permitido realizar lo que seguramente saben hacer muy bien: defender a
la sociedad y a nuestra soberanía nacional.
Lo más grave que nos dejó López Obrador en materia de
seguridad fue la creación de una base social que protege a la delincuencia. Este
fenómeno social se deriva de una perversa manipulación ideológica, -que con
base en una supuesta “lucha de clases”-, promovió una cultura de reivindicación
social que justifica el robo, el latrocinio y los medios delincuenciales de
generación de riqueza.
La delincuencia hoy, -en los tiempos post López Obrador-, ya
no es una presencia marginal reprobada por la sociedad, sino que se convirtió
en una cultura que ha permeado en las nuevas generaciones, estimulando la
perversidad, violencia exacerbada y ausencia de valores morales. La tradicional
cultura del esfuerzo y del trabajo, -que caracterizó a la sociedad mexicana-,
ha sido sustituida por la del “dinero fácil”.
Por ello vemos hoy que la elite de la delincuencia es bien
aceptada en la sociedad, -e incluso admirada-, y en muchos casos es protegida
por autoridades gubernamentales. Los ejemplos sobran y ya no generan repudio, sino
indiferencia. Ya nos acostumbramos a la convivencia diaria con la presencia
delincuencial cerca de nosotros.
Esperemos que la presidenta Sheinbaum reconsidere cambiar la
política de seguridad pública de su gobierno y consolidar nacionalmente lo que
hizo bien como jefa de gobierno de la Ciudad de México: reducir los índices de
violencia e inseguridad, pues hasta hoy la capital del país es más segura que
muchos de los estados de nuestra república.
IMPROVISACIÓN LEGISLATIVA
La improvisación sigue siendo la identidad de los
legisladores morenistas y de sus aliados, pues la reforma judicial sigue
teniendo inconsistencias y errores, reconocidos incluso por algunos
legisladores de Morena. Sin embargo, aún así han aprobado las leyes
secundarias, -o sea estas donde se definen las condiciones operativas de las reformas
constitucionales-, equivalentes a las letras chiquitas de los contratos. Aún
así, -con inconsistencias y contradicciones-, ya se enviaron para su
publicación al Diario Oficial de la Federación y se está trabajando para instrumentar
la sustitución de jueces y magistrados.
Esto habla de la improvisación con la que operan y todo por
la prisa por aprobar leyes “a medias” para quedar bien con su patriarca.
Esto nos habla no sólo de la calidad profesional de los
legisladores, sino también de su calidad moral: aprobar algo que está
equivocado, -y que tendrá grandes repercusiones en el país-, sólo por cumplir
órdenes arbitrarias, también es corrupción.
LA CALIDAD MORAL DE JUECES Y MAGISTRADOS ACTUALES
La renuncia de 400 jueces y magistrados que hasta ahora aún
siguen en funciones, los cuales no pretenden participar en el proceso electoral
para lograr un cargo en la nueva estructura del Poder Judicial cuando entren en
operación las reformas constitucionales impulsadas por la 4T, muestran la congruencia
de estos funcionarios con sus principios morales y profesionales, pues
prefieren quedar desempleados y echar por tierra su trayectoria profesional y
toda una carrera en el ámbito judicial, que avalar esta reforma arbitraria. Como
ellos dicen, participar en busca de un cargo significa avalar una reforma en la
que no creen.
Consideremos que con su experiencia y conocimientos ellos
tendrían las mayores oportunidades de volver a ser contratados dentro del nuevo
sistema judicial, por encima de los nuevos que carecen de ese bagaje
profesional.
Eso habla de principios morales, esos que la presidenta
Sheinbaum cuestionó públicamente. El daño que tendrá para México este proceso
de aprendizaje de los nuevos funcionarios judiciales tendrá un alto costo en
impunidad delincuencial y en errores jurídicos de grandes consecuencias.
EL DAMNIFICADO
El caso García Luna representó una lección para nuestros
gobernantes cuando asumen una actitud soberbia para proteger a sus subordinados
preferidos.
Felipe Calderón está pagando cara su soberbia al ignorar las
acusaciones de abuso de poder, -y posible corrupción-, de García Luna cuando
era su hombre de confianza. Los recursos que tiene un presidente para
investigar no hace creíble que ignorase la identidad real de su subordinado.
Más bien no quiso enterarse. Está pagando caro este error en su imagen pública.
El caso Florence Cassez, -que ocasionó un conflicto diplomático de muy alto
nivel con Francia-, da testimonio de su irresponsabilidad.
Sin embargo, López Obrador ya tiene una cuenta abierta con
la historia a partir de todos los funcionarios cercanos a los que protegió de
las denuncias de corrupción, a los cuales exoneró en sus mañaneras.
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